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Punto de vista

Por Alberto Barlocci

 

Arabia Saudita ganó la presidencia del Consejo de la ONU para los Derechos Humanos. La noticia se mantuvo hasta entonces silenciada. Hubo protestas por parte de organizaciones no gubernamentales para elegir "indignante", sino también por la UE y por la embajadora de los Estados Unidos, Samantha Power. Los decapitaciones saudíes en el país este año superan las de ISIS.

No es el caso de reproducirlas, pero en las redes sociales circulan imágenes de las ejecuciones realizadas en Arabia Saudita. Algunas dan escalofríos, como la de los pobres cuerpos de los ejecutados suspendidos a un poste sostenido por grúas para escarmiento público. Hay que usar la palabra ejecutados, porque ajusticiados podría permitir asimilar estos procedimiento a los de un Estado de derecho. Bien lo sabe la familia de Alí Mohamed al-Nimr capturado en la provincia de Qatif bajo la acusación de posesión de armas y de participar en manifestaciones ilegales. Reprieve, una organización que defiende los derechos humanos, sostiene que se trataría de cargos con un trasfondo político. El tema es que Alí fue condenado a muerte en mayo del año pasado, en base a una confesión que habría sido obtenida bajo tortura. El proceso de apelación se llevó a cabo a puertas cerradas y en ausencia del acusado, que no fue convocado. Lo condena a muerte fue ejecutada mediante... crucifixión.

Aunque los delitos de Alí al-Nimr hubiesen sido graves, un proceso y una ejecución de este tipo serían motivo suficiente para impedir que Arabia Saudita asumiera cargos relevantes en materia de derechos humanos en los organismos internacionales. Y también en caso de que no fuera posible verificar este episodio reportado por algunos medios de parte, todavía serían suficientes los informes compilados anualmente por Aministía Internacional y las demás organizaciones pro derechos humanos para excluir de tales funciones a los representantes de una monarquía que impuso al país el apellido de la familia reinante (Saud).

Sin embargo, la ong UN Watch dio a conocer la noticia del nombramiento de Arabia Saudita a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los documentos en manos de UN Watch indican que el nombramiento se hizo efectivo el pasado 17 de setiembre, o antes, y que desde entonces el embajador saudita ante la ONU, Faisal Bin Hassad, presidirá el Consejo. El perfil bajo del operativo se debe a que previsiblemente se desatarían las protestas de la opinión pública. En junio, cuando se avanzó la candidatura del reino saudita, el vocero de Aministía Internacional en Italia, Riccardo Noury, comentó: “Sería como si un pirómano avanzara su candidatura para dirigir a los bomberos o si el Isis se propusiera a la presidencia de la Unesco”. Alexandra El Khazen, de Reporteros sin Fronteras, también estigmatizó el nombramiento afirmando que es “indignante” que la ONU permita que el panel sea presidido “por Arabia Saudita, uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo”.

UN Watch, el grupo que monitorea la acción de los organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos, se unió a las protestas calificando de “escandaloso” el nombramiento, en consideración del hecho que en lo que va del año las decapitaciones en el reino saudita han superado las que ha perpetrado el propio Isis. Federica Mogherini, ministro de Exteriores de la Unión Europea y Samantha Power, embajadora ante la ONU de los Estados Unidos, han condenado la decisión y están tratando de revertirla.

Son cada vez numerosas las denuncias de las vinculaciones entre grupos terroristas empeñados en los diferentes conflictos estallados entre África y Medio Oriente que de una manera u otra conducen a Arabia Saudita o a miembros de la familia real.

Queda por determinar cómo ha sido posible llegar a esta decisión, por lo visto fruto de groseros juegos de poder. Una señal más de los límites en el funcionamiento de las Naciones Unidas. Y también la indicación de la necesidad de ir hacia una mayor presencia y peso político de las organizaciones de la sociedad civil internacional dentro de la ONU. Este vergonzoso episodio demuestra cómo, a menudo, la razón de Estado aplicada por los gobierno no coincide con los valores de la ciudadanía sus representados.

 

Fonte: Ciudad Nueva

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