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Punto de vista

Por: Daniel Fassa (desde Brasil)

Fuente: ciudadnueva.focolar.org.uy

La violencia urbana y sus respuestas

Cuando en barrios de Montevideo aumenta la frecuencia de operaciones policiales, en Río de Janeiro, la intervención federal propuesta como solución para los crecientes índices de violencia en ese estado divide opiniones. El asesinato de la concejal Marielle Franco evidencia la complejidad y la magnitud del problema

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Estaba escribiendo este artículo cuando fuimos sorprendidos por la tragedia: Marielle Franco, de 38 años, concejal municipal de la capital del estado fluminense por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue asesinada en un atentado que también quitó la vida del chofer del automóvil en que viajaba, Anderson Pedro Gomes (39). Una activista de los derechos humanos y un padre de familia muertos a tiros, al mismo tiempo: triste retrato de una crisis de seguridad que no perdona a nadie pero que golpea especialmente a la población pobre, negra, y de la periferia, como Marielle. Hasta el cierre de esta edición, la principal línea de investigación indicaba que se trataría de una ejecución encomendada, cuyos autores y motivos son todavía desconocidos.
Nacida y criada en el complejo de favelas de la Maré, Marielle ingresó al curso de ciencias sociales con beca integral en la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Río en 2002, después de pasar algunos años alejada de los estudios por causa de un embarazo precoz −su hija tiene hoy 19 años−. Su actividad política comenzó cuando perdió una amiga por una bala perdida durante un tiroteo entre traficantes y policías en su comunidad. Fue asesora del diputado estatal Marcelo Freixo, se volvió master en administración pública y en 2016 conquistó una silla en la Cámara Municipal, con 46.500 votos, la quinta votación más alta entre los 51 electos.
En febrero de este año, la concejal asumió la función de auditora de la comisión de la cámara que acompañaría la intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro, de la cual era crítica declarada. En los días previos a su muerte −que tomó de sorpresa hasta a las personas más cercanas, porque nadie tenía conocimiento de amenazas−, Marielle mantuvo su rutina militante de siempre: el 10 de marzo publicó un texto en Facebook denunciando abusos del 41º batallón de la Policia Militar (PM) −el más letal de Rio de Janeiro, de acuerdo a datos del Instituto de Seguridad Pública− contra pobladores de la favela de Acari. “Pasa desde siempre, y con la intervención fue mucho peor”, reclamó.
En la víspera de su asesinato, denunció la muerte de Matheus Melo mientras salía de la favela de Jacarezinho. Melo era evangélico y trabajaba en la Fundación Oswaldo Cruz. “Un homicidio más de un joven que podría estar en la cuenta de la PM. Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más tendrán que morir para que esta guerra acabe?”, clamó vía Twitter.

Solución controversial
Marielle se volvió una víctima más de la guerra que tanto combatió, dos días antes que la intervención federal cumpliera un mes. Su oposición a la solución decretada por el presidente Michel Temer tenía, entre otros fundamentos, el temor de un agravamiento de la violencia contra los “favelados”, como ella acostumbraba decir, y la evaluación de que acciones similares fracasaron en el pasado reciente.
En abril de 2014, en las vísperas de la Copa del Mundo, cerca de 3 mil militares ocuparon la comunidad en la que la concejal creció, con el objetivo de preparar el terreno para la implementación de una Unidad Policial Pacificadora (UPP, de carácter estable) en el lugar. Regulada por un decreto de Garantía de Ley y Orden (GLO), firmado por la entonces presidente Dilma Roussef, la operación duró hasta junio de 2015, cuando el control del Complejo de la Maré fue retomado por la PM. Pese a costar más de 500 millones de reales (160 millones de dólares), 70 % de la población local afirmó que la presencia de las fuerzas armadas no aumentó la sensación de seguridad, según la encuesta realizada por la Ong Redes de la Maré, asociada con las instituciones británicas Queen Mary University de Londres y Newton Fundation.
Basado en 1.000 entrevistas a personas de 18 a 69 años de edad, pobladores de las 15 favelas que componen el complejo, el estudio reveló que menos de 1/4 de la comunidad de la Maré consideró la ocupación óptima (4 %) o buena (20 %), mientras que el resto de los encuestados evaluó la acción de las Fuerzas Armadas como regular (49 %), mala (12 %) o pésima (14 %).
“¿Cuál es el legado del paso del Ejército por la Maré? Ninguno”, afirma Edson Diniz, doctor en Sociología de la Educación por la PUC-Rio y director de la mencionada Ong, entrevistado por Cidade Nova. “La situación en la Maré está exactamente como antes; tenemos cuestiones de seguridad graves, enfrentamientos entre Policía y grupos armados. Si ese dinero fuese aplicado en inversiones en la comunidad, en la creación de empleos, espacios culturales, educación, salud, ciertamente tendríamos una Maré muy diferente”, argumenta Diniz, que fue también coordinador del cursillo pre-vestibular comunitario (preparatorio para ingreso en las universidades públicas) en el que Marielle estudió.
Sobre la actual intervención federal, afirma que en las comunidades hay una mezcla de miedo, desconfianza y esperanza, Una evaluación reiterada por el geógrafo Jailson de Souza e Silva, creador del Observatorio de Favelas. “Las personas se sienten muchas veces entre la espada y la pared con la presencia del narcotráfico y sus enfrentamientos con la Policía. Por otro lado, experimenta violaciones de derechos, sobre todo de grupos específicos, por parte de los militares. Entonces existe preocupación. Está claro que las personas quieren respuestas del Estado en relación a la inseguridad, a las tensiones, a las muertes y al riesgo de vida. Al comienzo, muchas personas apoyaron la intervención, convencidas de que algo había que hacer”, afirma Souza.
Esperanza
En Villa Kennedy, localizada a cerca de 30 km de la Maré, la intervención federal fue bien recibida. Lo afirma Rodrigo Albuquerque (nombre ficticio), fundador de una página en Facebook dedicada exclusivamente a noticias sobre el cotidiano de los pobladores. “En general, las personas honestas, que son mayoría, apoyan la intervención”, afirma el poblador, que prefiere no revelar su identidad por su propia seguridad.
“La gente vio desde el inicio que los traficantes no ocupaban más la calle. Porque hasta recientemente, se quedaban en la plaza pública, con quioscos de drogas, jóvenes y niños vendiendo drogas, a veces en plena luz del día, y exhibiendo armas. Nadie podía decir nada. Y es una comunidad que cuenta con la Policía Pacificadora, que quedaba retraída en su rincón”, relata el fundador de la página Villa Kennedy RJ.
“Se están por cumplir cuatro años de presencia de la UPP en Villa Kennedy. Al inicio funcionaba, la gente veía a la Policía accionando y circulando por las calles, pero después de las Olimpiadas 2016 el proyecto dejó de recibir financiación y la gente, de inmediato, sintió crecer el tráfico. Ya no se veían tantas rondas policiales y muchos criminales de afuera encontraron abrigo aquí. Pero ahora, con la presencia diaria de los militares y el seguimiento de la prensa, la gente percibe que los traficantes están arrinconados”, afirma Albuquerque.
En su opinión, la violencia en la comunidad se debe a la ausencia del Estado. “Cuando Villa Kennedy fue creada, en 1964, era un barrio planeado. Pero, hace unos 20 años comenzó un proceso de favelización, con viviendas construidas sin infraestructura, sin preparación, sin saneamiento, mucha gente viviendo en laderas, en áreas que no deberían tener residencias. Eso trajo, junto a la violencia, el fortalecimiento del tráfico de drogas. Cuando el Estado no se ocupa, no provee servicios, da margen para el crecimiento de la violencia”, declara.
Por eso, aunque la considere una medida insuficiente, Albuquerque cree que el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad es un buen comienzo para resolver el problema: “Muchas veces, se cierran los colegios y los puestos de salud a causa de los tiroteos. En general, la gente piensa que para tener una mayor presencia del Estado con sus servicios, tiene que haber previamente un mínimo de seguridad”.
Diniz, de las Redes de la Maré, concuerda: “Es difícil que la gente crea que la intervención va a traer algún cambio a largo plazo. Lo que podemos tener, por el aparato gigantesco de los militares, es una baja en los índices de violencia y una caída temporal de la criminalidad. Pero, la tendencia es que, después, el crimen vuelve a aumentar porque, como el mismo Ejército ha reconocido, la intervención no ataca los orígenes del problema, que son mucho más complejos, con la falta de oportunidades, con una sociedad que se acostumbró a la violencia y que tiene una parte de la Policía y del Estado corruptas”, evalúa.

Emergencia
Por otro lado, José Vicente da Silva, coronel de reserva de la PM de San Pablo y exministro nacional del Interior, enfatiza la importancia de la intervención en el momento presente. “En el corto y hasta en el mediano plazo, el problema es estrictamente policial. Oigo mucha gente diciendo que si las UPP fueran seguidas de acciones sociales tendrían mayor éxito. No es verdad. Los criminales no van a cambiar de vida por las acciones sociales. Los ciudadanos de bien que viven en las favelas, que son la mayoría, no requieren de acciones sociales para no volverse criminales. Simplemente optan por una vida honesta. A largo plazo, obviamente, las acciones sociales pueden ser importantes, sobre todo en la atención de los jóvenes, que son los más vulnerables a la corrupción del crimen. Pero los programas de recuperación de la población marginalizada va a tardar décadas (para dar resultado)”, argumenta el militar.
Da Silva opina que, aunque sea imposible resolver el problema de la seguridad en Rio para el 31 de diciembre, fecha conclusiva de la intervención, la iniciativa podrá contribuir a reorganizar las fuerzas del orden del estado. “Lo esperado es que el Ejército pueda ordenar las estructuras de seguridad, como Policía civil, PM, administración penitenciaria y hasta los bomberos, que están desorganizadas. Existe un contingente de casi 10 mil efectivos que están apartados de las calles y tienen que volver. Hay un exceso de estructuras administrativas y, además, una falta de integración entre las Policías civil y militar, que a esta altura deberían trabajar de manera coordinada. Se espera que la intervención pueda realizar todos esos arreglos”.
Con estos primeros pasos, el coronel afirma que el estado debe volver a caminar con sus propias piernas, solo asesorado por las fuerzas armadas por medio del Ministerio del Interior. “Necesitamos cortar esa manía establecida desde el gobierno Lula y que se repitió con Dilma y ahora con Temer, de colocar una fuerza que es preparada para la guerra para ocuparse de problemas policiales locales”, afirma.

¿Necesidad u oportunismo?
Los índices de violencia aumentaron en Río en los últimos años, pero no se trata del estado más violento del país. Según los índices del Foro de Seguridad Pública, con datos de los crímenes cometidos en 2016, hay nueve estados con tasas de muertes violentas superiores a las fluminenses. En ese año, en Río, fueron registrados 37,6 casos cada 100 mil habitantes. En Sergipe, primero del ranking, fueron 64.
Aun así, según el coronel da Silva, la intervención federal se justifica por las particularidades de Río de Janeiro. “La violencia que tenemos en localidades como Fortaleza y Aracaju es producida por criminales comunes. En Río, en una gran cantidad de comunidades las bandas enfrentan a la Policía y a las fuerzas armadas porque tienen armas de guerra. Ese tipo de violencia no se manifiesta en otro lugar de Brasil”.
Sin embargo, para Edson Diniz, el verdadero motivo de la intervención es otro. “El gobierno del presidente Temer, uno de los peor evaluados de la historia de la República, tenía una pauta −la Reforma de la Previsión Social− que se encaminaba a una gran derrota, amenazando con poner el gobierno en el piso, porque esa era la única carta en la manga que el presidente tenía para sobrevivir hasta la elección y poder influenciarla. Entonces, convenientemente, aprovechó una debilidad del gobernador de Río, una falta de liderazgo, e hizo una jugada inteligente para el gobierno y pésima para la población”, afirma el director de Redes de la Maré.
La profesora Luciane Soares, del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Estadual del Norte Fluminense (UENF), coincide: “Considero que la intervención llegó en un momento errado, con objetivos que desvían el foco de la discusión de la Reforma de la Previsión Social y de los derechos. Más que la seguridad pública, el asunto aquí es político”.

¿Quién apretó el gatillo?
Lejos de recoger unánimes consensos, la medida de Temer es un capítulo más de la grave crisis que afecta a Río, en situación de calamidad pública desde junio de 2016. Con un déficit de 17 billones de reales (5.600 millones de dólares) el año pasado, el estado atrasa sistemáticamente los salarios de su funcionariado, inclusive de profesores y policías, y el pago a proveedores. Faltan recursos para mantener servicios básicos, como salud y educación. En la seguridad pública, el escenario es de total precariedad: armamento obsoleto, falta de municiones, chalecos ineficientes y móviles sin combustible son algunos de los problemas.
La corrupción no es sólo el resultado de ese escenario. El círculo vicioso de la criminalidad que se llevó la vida de Marielle va más allá de la mano que accionó el gatillo. Los tres antecesores del gobernador Pezão fueron condenados por la Justicia. Anthony Garotinho, que gobernó de 1999 a 2002, así como su esposa y sucesora, Rosinha, están presos desde noviembre de 2017 por integrar una organización criminal que recaudaba recursos ilícitos para financiar campañas electorales. Sergio Cabral, con dos mandatos, entre 2007 y 2014, fue considerado el gran líder de una organización criminal que desvió millones de los cofres públicos del estado. Al actual gobernador, acusado de recibir propina de la Odebrecht en las elecciones de 2014, el Tribunal Regional Electoral le impugnó el mandato, y Cabral apeló el fallo.
Sobre ese complejo telón de fondo la población fluminense experimenta el aumento de los índices de violencia de los últimos años. Según el Foro de Seguridad Pública, el número de muertes en crímenes violentos intencionales en Río aumentó de 4.365 en 2015 a 5.337 en 2016. El número de policías civiles y militares muertos en enfrentamientos subió de 98 a 132 en el mismo periodo, y más de la mitad murieron fuera del horario de servicio. Como dijo Marielle : “¿Cuántos más van a tener que morir para que esta guerra acabe?”.

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