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Punto de vista

Por: Sara Fornaro y Javier Rubio

 

La corrupción es una de las plagas más virulentas en las sociedades modernas.

Afecta a los ciudadanos, agrava los balances del Estado, reduce el gasto social y ofusca el futuro de la colectividad, minando el desarrollo de los pueblos. Según Transparency International, atendiendo a los casos aparecidos en los medios de comunicación durante 2018, los sectores más afectados son la administración pública, la política, la sanidad y las obras públicas. La presidente de Transparency International, Delia Ferreira, ha llegado a decir que “los sectores más regulados y que más trabajan con el Estado, porque dependen de contratos como los de obra pública, son más proclives a ser afectados por la corrupción”.

En el mapa internacional sobre cómo es percibida la corrupción brillan por su honestidad países de larga tradición democrática, mientras en la cola aparecen los países atenazados por guerras, con grandes recursos naturales, con pocos y riquísimos detentores del poder y con altos índices de pobreza.

Tales datos confirman la afirmación del filósofo italiano Vittorio Alberti: “La corrupción triunfa allí donde no hay libertad ni justicia”, o donde el sentido de legalidad está desdibujado.

Ahora bien, a la corrupción se le puede poner freno. Una prueba de ello la dan los buenos resultados que se están obteniendo en distintos países con normativas anticorrupción, como medidas eficaces para evitar la impunidad, endurecer las penas, la obligación de transparencia administrativa o la instrumentación del whistle blower, o sea, que cualquier empleado público pueda denunciar ese caso ilícito del que ha tenido conocimiento con las garantías de no verse perjudicado. Ciertamente, para luchar contra la corrupción, es menester un cambio cultural que empiece por nuestras casas. Es fundamental el aporte de cada uno, desde ese servidor público que se niega a aceptar un soborno, el ciudadano que no lo ofrece, ese jugador de fútbol (N’Golo Kante) que no quiere evadir impuestos, hasta esos dos adolescentes, uno de China y otro de Sri Lanka, que le devolvieron la cartera a un anciano que la había perdido y contenía la jubilación que acababa de cobrar.

Una acción conjunta, una alianza capaz de poner en movimiento las distintas fuerzas sociales también es recomendable y, diríamos, necesaria. Es la experiencia hecha ya en varias latitudes, y fue uno de los temas tratados durante el congreso “Co-governance, responsabilidad compartida en las ciudades”, que tuvo lugar del 17 al 20 de enero en Castel Gandolfo (Roma), organizado por el Movimiento Políticos por la Unidad (Mpu), Humanidad Nueva y la asociación Ciudades por la Fraternidad, del que hablaremos próximamente. Participaron políticos, empresarios, estudiantes y ciudadanos interesados, de todo el mundo. Con un comité organizador compuesto por dieciocho expertos y un amplio panel de intervenciones de más de cincuenta estudiosos en varias materias que tienen que ver con la ciudad, el congreso aspira a generar un “Pacto por la ciudad”.

La corrupción es una blasfemia, dijo el Papa Francisco, amenazando a los corruptos incluso con la excomunión; es la peor plaga social, una opción satánica, un proceso de muerte. Es como un cáncer que va minando nuestra vida y hay que combatirlo juntos “personas de todo credo y no religiosas”, porque “somos copos de nieve, pero unidos podemos llegar a ser una avalancha”.

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