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Punto de vista

Por Alberto Barlocci

 

Si no se modifica sustancialmente el mecanismo de redistribución del ingreso, las desigualdades sociales se reproducen incluso cuando hay crecimiento económico. La responsabilidad social y un sistema impositivo más justo son el camino necesario.

 

 

Uno de los más grandes desafíos para la economía de América Latina es la desigualdad. Bajos salarios en presencia de concentración de la riqueza, precarización del trabajo al punto que un ingreso no asegura salir de la pobreza y servicios públicos escasos o de mala calidad son parte de los reclamos de la ciudadanía.
Con frecuencia se pretende justificar la desigualdad social apelando al “mérito” de quienes han conseguido una posición social económicamente más desahogada y la natural desigualdad de los seres humanos. Que somos diversos es cierto y hay quien se ha esmerado más para mejorar su condición, con estudios, con ingenio y con perseverancia. Es normal que haya ricos y otros que no han prosperado de la misma manera o se mantienen en una situación intermedia, conformándose con el estatus conseguido. El problema es cuando los que están mejor obtienen ese resultado a costas de los demás. Es decir, pagando salarios insuficientes pudiéndose pagar más, en coincidencia con altos niveles de evasión de impuestos que desfinancian las arcas públicas. Se estima que en la región se evaden impuestos por 360 mil millones de dólares al año, de los cuales 170 mil millones terminan en paraísos fiscales.
Los países que han conseguido buenos estándares de calidad de vida lo han hecho evitando las excesivas desigualdades. El camino ha sido, por un lado, un régimen salarial aceptable. Es bueno recordar que el principal motor para derrotar la desigualdad es el trabajo y la empresa. Eso implica empresarios socialmente responsables, dispuestos a morigerar su pretensión de ganancias, de acuerdo a la realidad social y el costo de vida. No significa eso estigmatizar a los ricos, sino recordar la función social de la riqueza.
La otra herramienta ha sido la mejor redistribución de la riqueza generada por la vía de servicios de buena calidad, accesibles para todos. Países como Alemania, Holanda, Bélgica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega y también parcialmente Francia, Italia, España, han evitado de este modo situaciones de graves injusticias, evitando que los ingresos de los sectores sean 15, 20, 30 veces superiores respecto de las franjas más pobres. Veamos algunos ejemplos.
Uno de los países más desiguales de la región es Chile: el 20 % más rico concentra el 72 % de la riqueza, al tiempo que el 20 % más pobre posee riqueza cero o negativa (deudas). Entre 2005 y 2010 el 1 % de la población más rica concentraba hasta un tercio de la riqueza, y apenas 340 personas acumulaban más del 10 % de la riqueza del país. La escala salarial chilena confirma esa distorsión. Cuando se considera lo necesario para vivir para un núcleo de cuatro personas, apenas el 9 % de los asalariados chilenos lo consigue, puesto que más del 50 % gana la tercera o cuarta parte del ingreso necesario.
En la región hay situaciones similares. En Argentina, ante un costo de vida que supone para cuatro personas ingresos entre 40 mil y 50 mil pesos mensuales, en 2018 un 17 % ganaba en promedio 8.400 pesos y un 33 % recibía en promedio 18.000. En Brasil, donde el 1 % de la población absorbe el 23 % de la renta, el 42 % de las familias recibe ingresos hasta los 650 dólares mensuales y otro 22 % obtiene entre 650 y 1.000 dólares. Una buena parte de esos ingresos sirven para pagar el alquiler de la vivienda.

¿El crecimiento económico o el esquema de redistribución?

Los economistas neoliberales suelen insistir en que el crecimiento económico es la respuesta al problema. Sin embargo, por más que una economía crezca, si no se modifica el esquema de redistribución es como el lecho de un río que en un punto se estrecha notablemente. Por más que se incremente su caudal, si no se ensancha la angostura, en ese punto seguirá pasando la misma cantidad de agua.
Un cambio fundamental es el que plantea la responsabilidad social de las empresas. Pensar que solo entre el Estado y la economía social se tape el agujero de la desigualdad social, significa seguir repartiendo los efectos negativos de la economía sobre la comunidad sin atajar el problema. Morigerar la pretensión de ganancias y socializar más las utilidades significa dignificar más el trabajo, al permitir una vida digna.
Al mismo tiempo, por un elemental criterio de justicia, es clave el rol del Estado. Los países citados aplican un sistema impositivo por el que, en promedio, las empresas pagan tributos sobre sus ganancias superiores al 40 %, y hasta el 49 % (Alemania). Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Ocde los impuestos son en promedio el 34,3 % del Producto Bruto Interno (PBI). En los únicos dos países de América Latina de este grupo, Chile y México, los impuestos representan, respectivamente, el 20,4 % y el 17,2 % del PBI. El sistema impositivo de Suecia, contempla varias franjas de impuestos a la renta: por debajo de los 2 mil dólares anuales son cero; varían entre el 29 y el 35 % en la franja superior; en la sucesiva pasan a ser entre el 49 y el 55 %, oscilan entre el 54 y el 60 % en la franja más alta de ingresos. Esos recursos públicos implican servicios esenciales de calidad, educación, salud, vivienda, jubilación, amortiguadores sociales y también calidad del medio ambiente. Es un cuidado de bienes comunes, valora el “nosotros” y frena las pretensiones de los más egoístas. Eso supone rever paulatinamente nuestro sistema de impuestos, de modo que el que tiene más pague más y menos el que menos tiene.
Pero, principalmente, eso supone que la política sepa hacerse cargo de este desafío; y aquí aparecen dos factores clave: el Estado debe ser eficiente y utilizar bien esos recursos, erradicando tanto la corrupción como el clientelismo, que es una de sus caras.
Una objeción que se suele formular ante esta visión es que nuestros países no son el Norte de Europa, por lo que son remedios propios de otras culturas. Lo curioso de la objeción es que quien la plantea suele aceptar un modelo económico que tampoco es fruto de nuestra idiosincrasia. El tema aquí no es imitar un modelo ajeno, sino aplicar elementales criterios de justicia que permiten una sustancial igualdad de oportunidades.

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